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INTRODUCCIÓN

En México, un alto porcentaje de las selvas, bosques, matorrales y zonas semiáridas en donde se encuentran los productos forestales no maderables (pfnm) empleados por la población, corresponden a territorios bajo régimen de propiedad ejidal y comunal. Más de tres millones de unidades productivas campesinas, distribuidas entre ejidos y comunidades indígenas y no indígenas, poseen la mitad del territorio mexicano (103 millones de hectáreas), principalmente áreas forestales. Esto significa que son predominantemente los habitantes de dichos núcleos quienes históricamente se han encargado de la extracción, la transformación y la comercialización de los numerosos pfnm que se encuentran en ellos, así como de su conservación.

En este amplio universo de experiencias de aprovechamiento y conservación campesina de los recursos naturales, existen ejemplos de especies aprovechadas intensivamente durante cientos de años, sin que esto haya llevado a agotarlas. Resulta evidente que estos casos están sustentados en buena medida en los sistemas de conocimientos tradicionales, y en las formas de organización y regulación del acceso a los recursos naturales que se han dado históricamente muchos pueblos y comunidades.

Sin embargo, hay que reconocer que también existen casos en los cuales, por fuertes presiones del mercado y ante la ausencia o debilidad de formas de organización y regulación comunitaria de los recursos naturales, se han explotado algunas especies hasta casi extinguirse. Esto se ilustra en el caso de la famosa raíz medicinal Ginsen, sujeta a una extracción masiva en el norte de América a partir de que se dieron a conocer en el mundo occidental sus propiedades curativas. También el caso del barbasco, fuertemente demandado como “principio activo” para la producción de anticonceptivos desde los años setenta, y sobre-explotado en las selvas del sur de México durante varios años, hasta que la síntesis de un sustituto en la década de los ochenta terminó con esta situación.

Sin embargo, lo que hoy predomina en la mayoría de las comunidades rurales mexicanas aledañas a las zonas donde aún se conserva un importante patrimonio natural, es una creciente preocupación colectiva por el futuro de dicho patrimonio, así como la permanencia de valores comunales expresados y concretados en las formas de institucionalidad locales, soporte de regulaciones y prácticas de control del acceso a los recursos naturales. Esto, no obstante la presión que el mercado ejerce sobre algunos recursos específicos y sobre el mantenimiento de la diversidad biológica en general, y a pesar de la condición de pobreza en que vive la mayoría de la población de dichas zonas.

Esta preocupación colectiva comunitaria y el interés de un sector de Organismos No Gubernamentales (ONG), de académicos y de entidades de la cooperación ambiental nacional e internacional, ha confluido en la búsqueda de estrategias y tecnologías de aprovechamiento de los recursos naturales, y en particular de los productos forestales no maderables, mismas que además de evitar que se repitan fenómenos depredatorios de extracción como los señalados líneas arriba, deberán contribuir a un desarrollo más equitativo y ambientalmente equilibrado en el medio rural mexicano.

Así, desde finales de la década de los años ochenta, especialistas de las ONG y comunidades campesinas e indígenas han venido colaborando en el fortalecimiento de las formas de organización, control y regulación colectiva del aprovechamiento de los recursos naturales, y para el diseño de modelos, planes y tecnologías de ordenamiento territorial y manejo sostenible de ecosistemas y recursos específicos a través de estudios ecológicos, sociales, técnicos, de mercado y de diseño de productos; todo esto, tomando como punto de partida los conocimientos o saberes tradicionales existentes en las comunidades.